Estado de las rutas y del tiempo en Mendoza

Acordaron la indemnización por asesinatos en las cárceles entre 2004 y 2007


La Comisión Internacional de Derechos Humanos aprobó el fallo arbitral como consecuencia de las 18 muertes y 9 heridos producidos durante el gobierno de Cobos- Jaliff en las penitenciarias mendocinas.

Cabe destacar que con esta resolución amistosa, Mendoza se verá obligado a pagar 2.216.000 dólares a los familiares de las victimas. Así se evita el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual podría haber terminado en una condena contra Argentina.

El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga Nanclares, expresó que “entre 2004 a 2007 la cantidad de asesinatos en las penitenciarias fueron significativas. Por ese motivo, se ha logrado trabajar en una política penitenciaria provincial y en la reducciones de los niveles de violencia.”

Por su parte, la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, manifestó que “el Estado es el garante de la vida y de la integridad física de las personas que se encuentran bajo su guarda. En este caso los internos que están privados de su libertad y ese el fundamento principal. Además, los familiares de estos internos recurrieron a la sede civil para la indemnización pecuniaria en sede interna.

Ubaldini señaló que “cuando se produjeron estos hechos hubo exoneraciones al personal penitenciario, que estaba a cargo en ese momento de la penitenciaria y así con cada uno de los hechos que han tenido lugar a largo de estos tres años del 2004 al 2007”.

Y destacó que “si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el acuerdo de solución amistosa de este caso internacional, que incluye el laudo, -aprobación de la indemnización compensatoria a nivel pecuniario- es porque existe un reconocimiento del avance que ha tenido el Gobierno de Mendoza en política penitenciaria y el respeto a la vida, la integridad, la atención de la salud y la educación de los internos. Esto es un logro importante porque de no ser aprobada la solución amistosa se podría haber terminado en una condena contra Argentina ya que el próximo paso era el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Ubladini.

Edición: Sandra Pizarro