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El Gobierno paraliza los emprendimientos inmobiliarios en todo el piedemonte del Área Metropolitana


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial resolvió suspender todos los emprendimientos inmobiliarios y cualquier construcción que se encuentre en evaluación de impacto ambiental que se ubique en la zona. Fue luego de firmarse el decreto en el que el propio Gobernador, Alfredo Cornejo, declara el estado de emergencia ambiental en el Piedemonte del Área Metropolitana,

El piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza hace más de 30 años que es considerado una zona especial desde el punto de vista ambiental. Cumple una función primordial en relación con la amenaza aluvional en la ciudad de Mendoza.

Los municipios de Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital conforman esta área en términos políticos y administrativos. Muchos intentos ha habido para encarar una planificación en términos integrales, considerándolo una unidad ambiental.

En 1983 se sanciona la primera regulación del piedemonte de Las Heras, Capital y Godoy Cruz, con la Ley 4886, vigente hoy. La sucesión de gestiones y la falta de una planificación consensuada y a largo plazo con respecto a su ocupación generaron que se produzca una urbanización no controlada en muchos de sus sectores y, en otros casos, una urbanización a demanda, sin contemplar los riesgos aluvionales, biológicos y los servicios ecosistémicos que presta el área pedemontana.

En 1995 se promulga el Decreto Acuerdo 1077, el cual se desprende de la Ley 5804. Esta norma declara la importancia del piedemonte, por las características mencionadas.

Desde entonces, los municipios y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial  conformaron la Comisión de Piedemonte, encargada de definir el código de ocupación para el área.

La comisión ha avanzado con los recursos disponibles, dado que no existían estudios de base que permitieran conocer en su totalidad el área pedemontana, hoy regulada por la Ley 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en términos aluvionales sobre todo, siendo esta la principal amenaza natural en la zona. Existen numerosas investigaciones acerca de la zona pero todas son parciales, tanto en términos de cobertura espacial como en términos temáticos. Es decir que sólo se abarcaban algunos aspectos o algunas zonas específicas.

Desde 2016, con la conformación de Unicipio, se comenzaron estudios para conocer la situación de riesgo del Área Metropolitana. Esto, para aportar información a los planes de Ordenamiento Territorial municipales, proceso que los municipios de la provincia se encuentran llevando a cabo. Se llegó a un documento final, llamado “Plan de Acción para el Área Metropolitana de Mendoza”, primer antecedente de visión unificada sobre toda el Área Metropolitana.

Desde 2017, en el cual la provincia comienza a contar con un Plan de Ordenamiento Territorial y sancionado por ley, se considera al área como “sujeta a regímenes especiales”, entendida como una “unidad de integración territorial”, la cual debe ser evaluada en su conjunto y, por lo tanto, así gestionada también.

Es por eso que a partir de la sanción del plan, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia de Cambio Climático y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, decidió llevar a cabo un estudio integral de las amenazas aluvionales en el área establecida por la ley, de manera de conocer en detalle cuál es la situación tanto para lo hoy ya construido, para poder tener pautas claras sobre cómo planificar y determinar qué áreas son ocupables y que áreas son riesgosas.

El estudio mencionado es realizado por el Instituto Nacional del Agua bajo la dirección del ingeniero Víctor Burgos, especialista en la temática y con un equipo interdisciplinario, contemplando la opinión y antecedentes de los organismos con injerencia como la Dirección de Hidráulica, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y los municipios, entre otros.

El estudio abarca el análisis de más de 10 variables que entran en juego en el área (pendiente, modelo hidrológico, cauces, entre otras) para poder determinar con precisión cuales son las áreas más riesgosas y que no pueden ser ocupadas porque empeorarían la situación aluvional aguas abajo, además de sufrir daños en caso de producirse un evento. Por otra parte, permitirá evaluar las obras que resultan necesarias y además elaborar un cronograma de planificación por parte de la Agencia de Ordenamiento Territorial conjuntamente la Dirección de Hidráulica y los municipios
convocados mediante la Comisión de Piedemonte. El objetivo es actualizar la legislación relacionada o crear nueva en función de la no ocupación de las áreas de mayor amenaza, y elaborar el código para saber cómo construir en aquellas áreas donde sí se pueden realizar actividades.

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