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EL GOBIERNO PROVINCIAL RATIFICÓ EL COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS


“Este convenio  -dijo Nanclares-  viene a “sincerar una situación que el Estado desconoce de aquellas personas que pasaron por distintos avatares de la vida” e instó a acercarse a la dirección de Derechos Humanos, de lunes a viernes de 8 a 17 para registrarse y adherirse a los beneficios de la Ley Dovena (nº 26564)

Desde el 1º de julio y hasta el 1 de noviembre, la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza tendrá abierto el Registro Provincial de Ex Presos Políticos. La iniciativa persigue elaborar un listado fehaciente de ciudadanos que, desde 1955 hasta 1983, estuvieron detenidos por razones políticas e ideológicas y que en la actualidad residen en el territorio de la provincia de Mendoza.

Este censo permitirá  conocer las condiciones socioeconómicas de los ex presos: si tienen viviendas, obra social, jubilación o si reciben algún beneficio del Estado, así como obtener datos referidos a su detención que pudieran aportarse a las causas que se tramitan en nuestra provincia. El registro se efectuará a través de un cuestionario estructurado que será respondido por ex – detenidos políticos, de manera absolutamente voluntaria.

Con Nanclares estuvo Norma Vera, ex presa política y miembro del Registro Nacional de Ex presos políticos, dependiente del Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Respecto al registro que se abre en Mendoza, Vera sostuvo que “permitirá reparar la situación de compañeros que no fueron visualizados políticamente en ningún gobierno democrático, hasta ahora”. Se refirió a la Ley Dovena (nº 26.564),recientemente sancionada y que contempla la reparación histórica  de detenidos y secuestrados desde 1955 hasta 1983. Dijo que más allá de los beneficios económicos que reporta esta ley a sus beneficiarios, es un reconocimiento a “los sobrevivientes de lo que pasó. Hay cosas que no están en los libros -dijo-  y que deben conocer las futuras generaciones”.

En el acto también estuvieron la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, María José Ubaldini, miembros del Registro Nacional de Ex presos políticos, dependiente del Archivo Nacional de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;  representantes de la Asociación Provincial de Ex presos y presas políticos; del Observatorio de Derechos Humanos y los coordinadores de áreas municipales de derechos humanos  de Guaymallén (Rodrigo Aguilar); de  Las Heras (Raquel Odasso)  y de Godoy Cruz (Diego Gareca.

Ley Dovena

En la Ley 26.564, conocida como Ley Dovena, se incluyen  los beneficios establecidos por la leyes 24.043 y 24.411  para  quienes entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 fueron detenidas o resultaron víctimas de desaparición forzada. También para aquellas víctimas del accionar de los rebeldes en  los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955 – incluidos los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza-. Abarca también   a las personas que durante ese período (’55 al ’83) fueron procesadas, detenidas, condenadas o puestas a disposición de la Justicia por los Consejos de Guerra, conforme al Decreto  4161/55, al Plan Conintes o a las leyes 20.840. Comprende además a los detenidos que,  por razones políticas, fueron puestas a disposición de juzgados federales o provinciales o sometidos a cualquier otro régimen de detención de carácter político.

Fuente: Prensa Ministerio de Gobierno

Edición: Sandra Pizarro