Evalúan protocolo de actuación en relación a los derechos de niñez y adolescencia
La apertura estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Humano Nidia Martini; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga; el director de Salud Mental, Alberto Navarro; el director de Seos de la Dirección de escuelas, Sergio Ink; el director de Relaciones con la Comunidad, Emilio Caram, la titular del consejo de Niñez y Adolescencia, Marta Salcedo y representantes de organizaciones sociales.
La finalidad fue presentar el instructivo que indica el funcionamiento y las incumbencias de cada organismo dentro de la Ley 26.061 y explicar el proceso de trabajo realizado. En este sentido, además, se hizo entrega de un ejemplar a cada institución presente.
A través de la ley 26.061, se establece que el Estado a través de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos, se hace cargo en primera instancia de la política pública relativa a la niñez y adolescencia. Para ello, cuenta con los Órganos Administrativos locales, que son quienes actúan en la toma de decisiones en lo relativo a la vulneración de derechos del sector.
Al respecto, Nidia Martini sostuvo: “Hace tiempo que venimos trabajando con un protocolo de incumbencias y responsabilidades que deben adquirir cada uno de los ministerios que participan en el cumplimiento de la ley 26.061. Sabemos que esta ley tiene derechos que van mucho más allá de la asistencia y que se relacionan con la salud, la educación y con la identidad”.
“Esta tarea –agregó Martini- que hacemos junto a los referentes territoriales tiene que ver con un decreto de responsabilidades interministeriales para asegurar las funciones que debe cumplir el Estado para brindar oportunidades para todas las personas”.
A su vez, Teresa Muñoz, directora de Promoción y Protección de Derechos, indicó: “el instructivo es un instrumento de debate, porque a través del mismo se regulan competencias de cada uno de los ámbitos de la política pública, y de justicia, en situaciones que afectan a los chicos”.
“Esto tiene una organización para adentro, pautada, donde incorporan procedimientos, pautas para la atención de los chicos, formas de relación, informes situacionales, medidas de excepción, nuevos instrumentos con enfoques de derecho y variables e indicadores nuevos, ya que no se puede plantear esto con el esquema institucional caduco. Hay rutinas que intenta romper este instrumento, ya que impone actos que determinan un trabajo relacionado y no en soledad”, añadió Muñoz.
Las funciones que le competen al Órgano Administrativo, son dos: una tiene que ver con la toma de medidas en situaciones de vulneración de derechos de chicos, donde se evalúan procedimientos que solicitan otros organismos, como la separación de los chicos del ámbito familiar. La otra incumbencia se relaciona a intervenir en la política pública, cuando por omisión o acción de cualquier espacio, se vulnera un derecho en la población de chicos.
El protocolo determina las funciones de cada organismo, incorpora la atención del niño y el abordaje a la familia, indagando las causas y el contexto. Así, el abordaje tiene que ver primero con informar los recursos que tiene el Estado y luego detectar y abordar cualquier situación que surja en el marco de la problemática familiar.
El objetivo de esta acción es poder optimizar los recursos disponibles para que el tratamiento de esta problemática sea trabajado desde cada espacio del Estado.
Fuente: Prensa Desarrollo Humano