Gobierno asiste a los familiares del joven que falleció en Chile
La directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini manifestó que el Gobierno de Mendoza acompaña a la familia Soto en numerosos aspectos que hacen a sus gestiones para esclarecer la muerte de su hijo Roberto en Chile.
El Gobierno se hizo cargo de la repatriación del cuerpo del joven y se contactó con la Fiscalía local de Viña del Mar, a cargo de la doctora Ymay Ortiz Pulgar.
Los familiares se reunieron con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Mario Adaro; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga Nanclares, y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini y solicitaron la asistencia del Gobierno, a los fines de poder tener acceso del expediente judicial y a las pruebas obrantes en el mismo.
La Dirección de Derechos Humanos se puso de inmediato en contacto con la fiscal chilena Ortiz Pulgar y con la Cancillería Argentina, quienes informaron que, sin necesidad de constitución en querellante en la causa, se les otorgará copia del expediente a los familiares de Roberto Soto, o a una persona apoderada por ellos que no debe necesariamente ser abogado.
Según informaron desde la Fiscalía, aun falta la incorporación al expediente, de la prueba de análisis de laboratorio, la cual es fundamental a ser valorada junto con la necropsia y las testimoniales para poder arribar a algún tipo de conclusión respecto de la causa de la muerte. En cuanto se encuentre agregada, un funcionario del Ministerio de Gobierno acompañará a los familiares de Roberto Soto, quienes residen en Mendoza, a Chile con el fin de acceder a una copia del expediente, ya que los padres de la víctima no quieren viajar sin este acompañamiento.
Además, a efectos de poder asesorar con precisión a la familia Soto en torno a un eventual patrocinio jurídico gratuito que pudiera ser requerido para la constitución en querellante en la causa, el Consulado en Valparaíso se contactó con la directora general de la “Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso”, Marcela Le Roy Barria que depende del ministerio de Justicia de Chile. Ellos ofrecen patrocinio jurídico a personas de escasos recursos en general, a través del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos.
Ya se informó a la Corporación acerca de un eventual patrocinio de la entidad a la familia afectada, señalando entonces que la asistencia podría brindarse a través del mencionado Centro y que sería gratuita. Para tal caso, se requiere una certificación de carencia de recursos por parte de la familia que se tramita en el ministerio de Gobierno de Mendoza y un mandado de representación judicial. De la misma manera, la Directora Le Roy manifestó la disposición de la entidad a tener contacto directo con la familia Soto y agregó que, en caso de desplazarse algún miembro de la familia a ésta, sería recibido por funcionarios del Centro de Asistencia antes mencionado.
El gobierno provincial ha mantenido contacto personal, telefónico y vía email con los padres de Roberto Soto a fin de mantenerlos al tanto del avance de estas actuaciones, así como se ha puesto a disposición de los mismos para resolver cualquier obstáculo que impida el acceso al derecho a la verdad de los familiares de la víctima, procurando que se les garantice el acceso a la justicia y al debido proceso consagrado en los tratados internacionales que ambos países han ratificado.