Inauguraron la cocina y panadería en el penal San Felipe
La cocina y panadería inauguradas dentro del Complejo San Felipe se encuentran en edificios separados por lo que los ingresos de vestuarios, depósitos y controles están diferenciados. De esta manera, las nutricionistas y auxiliares no tienen contacto con los internos sino que lo realizan a través de los maestros y encargados.
La cocina cuenta con sanitarios y oficina de control para internos y para nutricionistas, encargados y maestros separados. Tiene cámaras frigoríficas para carnes, verduras, lácteos, depósito de víveres secos y para verduras; sectores separados para preparación de carnes, verduras y prescripciones, los hornos, marmitas y la sección lavado de vajilla y ollas.
La panadería está totalmente modulada priorizando la seguridad, durabilidad y limpieza. Las pareces de las zonas de elaboración y almacenamiento de materias primas están revestidas con cerámicos y los pisos con mosaico granítico.
Los internos que trabajan en la cocina o en la panadería realizan una labor terapia fundamental para su situación y además aprenden un oficio.
Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Mario Adaro; el ministro de Salud, Carlos Belher; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga Nanclares; el director general del Servicio del Servicio Penitenciario, David Mangiafico; la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini y los titulares de los distintos complejos penitenciarios: Sebastián Sarmiento (Almafuerte), Eduardo Orellana (Boulogne Sur Mer), Leonardo Musolino (San Felipe) y Corina Barrios (El Borbollón). Además del Juez de Ejecución Penal, Eduardo Mathus y el presidente de la Inspección de Seguridad, Félix Pesce.
En esta oportunidad el ministro de Gobierno, Adaro expresó: “Estamos orgullosos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya levantado las medidas provicionales aplicadas a la Provincia desde el 2004. Esta acción significa un reconocimiento a la tarea realizada por el servicio penitenciario desde el comienzo de esta gestión, ahora podemos sentirnos reconfortados y seguir trabajando”.
La salud de los internos
Autoridades provinciales y nacionales del Ministerio de Salud evaluaron los resultados de los distintos programas ejecutados en beneficio de la salud de las personas privadas de la libertad y de los liberados de las unidades de detención locales.
Entre los complejos de Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte, la Unidad IV de San Rafael, la Unidad III de Mujeres del Borbollón y los liberados suman una población de 2.700 personas a los que el Estado debe responsabilizarse por su salud.
La nación lleva a cabo con ellos distintos programas como Salud Sexual y Procreación responsable; Maternidad e Infancia; control de la Tuberculosis; Plan Remediar; Salud Mental; SIDA y enfermedades de Transmisión Sexual y Control de Cáncer uterino.
El ministro de Salud de Mendoza, Juan Carlos Behler estará acompañado del asesor de la presidencia de la Nación, Martín Vázquez Acuña; de los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación: el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto; de la Unidad Coordinadora de Salud Penitenciaria: Mónica Ceruti, Guido Sintas e Inés Barrios; de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yago Di Nella; de la unidad VIH, Alejandro Diaco y Marisa Sadi; de la Unidad de Tuberculosis, Silvia Ramírez Lijó y Mariana Cocuzza; de Maternidad e Infancia, Alicia Giannini y Nora Corso; de Prevención de Cáncer cérvico uterino, Martha Ferradas y del Programa REMEDIAR, la referente en Mendoza, Claudia Quiroga.
Estos programas de salud se llevan a cabo por un convenio marco que se celebró en 2009 entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; el ministerio de Salud de la Nación y las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Salta. La finalidad es “mejorar las políticas públicas de prevención, tratamiento, capacitación y rehabilitación social, así como el control y seguimiento de patologías y enfermedades de las personas privadas de la libertad y de quienes egresen del servicio penitenciario”
Atención con equidad
El Estado es responsable de la salud de las personas privadas de su libertad, razón por la cual debe brindar igual protección que la que se brinda al resto de la población. Teniendo en consideración, la imposibilidad física y económica de las personas comprometidas, debiendo mantener los principios de equidad y universalidad, incorporando a esta población dentro de la política pública de salud.
Esta circunstancia obliga al Estado, a promover los derechos de las personas en encierro, tales como: el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, al acceso a la salud y a otros que hacen de soporte de los mismos.
En esta línea cada provincia tiene autonomía de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Nacional, conforme a esta facultad las Provincias han creado su propio Servicio Penitenciario o Alcaldías para la custodia de los detenidos bajo su jurisdicción.
El Servicio Penitenciario posee Servicios Médicos de baja complejidad en cada establecimiento y el personal sanitario con criterios heterogéneos respecto de la problemática de salud de los internados, a veces no acordados ni normadas por el Ministerio de Salud, situación que se ha
intentado modificar a partir de la firma del Convenio “Justicia con Salud, y Salud para Incluir”, que se realizó en el año 2009 entre los diversos actores Nacionales.
Con estas acciones se busca fortalecer el acceso al derecho a la salud integral para las personas privadas de su libertad. En este sentido, se bien existían acciones previas, se organizaron las actividades a través de la Dirección General de Promoción, Prevención y Atención Primaria de la Salud en concordancia con el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos responsable de las personas en situación de encierro.
En una primera etapa, se realizó un intenso trabajo de sensibilización de los agentes penitenciarios para reducir ciertos prejuicios, revalorizando el derecho a la salud sin dañar los dispositivos de seguridad.
En este marco, el 10 y 11 de junio se realizó en la Provincia la capacitación destinada a los profesionales de la salud y autoridades de los complejos y unidades penitenciarias dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH y al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad.