Jaque decretó la emergencia hídrica
Se creará una comisión de Seguimiento y Asesoramento ante la alerta hídria en especial de la cuenca del Río Mendoza y ejecutar las medidas necesarias de gestión del recurso hídrico que se requieran. Asimismo, deberá asesorar a las Autoridades respecto de tal situación, sugiriendo las acciones necesarias a adoptar para afrontarla.
La comisión estará integrada por el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Produción, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Medio Ambiente, Dirección General de Escuelas, Departamento General de Irrigación, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) , Defensa Civil, Empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A.
La emergencia contempla la utilización racional del recurso hídrico, procurando la utilización del agua subterránea en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial e Increméntese el máximo reuso de efluentes de origen doméstico, industrial y agrícola.
Los operadores del servicio público de provisión de agua potable deberán extremar sus operaciones técnicas a efectos de evitar la permanencia de fugas en sus sistemas de distribución, a la vez que aplicarán estrictas sanciones por mal uso o derroches de agua potable.
Se instruirá a todos los organismos públicos dependientes del Poder Ejecutivo, centralizados y descentralizados, para que presten en forma inmediata, la colaboración que les sea requerida en el marco de la comisión encomendada por el artículo segundo del presente.
A los efectos de solventar los gastos que demande el uso del agua subterránea para compensar el déficit de agua superficial para riego, deberá acordarse con el EPRE el otorgamiento de subsidios al consumo energético durante el periodo de escases.
Se invitará a los Municipios, Organismos Científicos y de investigación afines, organizaciones usuarios y otras organizaciones no gubernamentales y al sector privado, en general, para que presten la debida colaboración y adhesión a lo dispuesto por el presente decreto.
El Departamento General de Irrigación ha informado sobre la situación de Aleta hídrica en los ríos que bañan la provincia, especialmente en el Río Mendoza, como consecuencia de la ausencia de precipitaciones níveas durante el periodo invernal 2010.
Un riesgo natural tal magnitud sólo puede ser afrontado con la adopción de medidas preventivas tendientes a aminorar los efectos perjudiciales que aquel acarrearía.
Los efectos nocivos de este fenómeno natural pueden ser mitigados merced a la eficiente y austera administración del recurso hídrico que las particulares circunstancias imponen.
Desde el sector público, las previsiones adecuadas tienen que ser tratadas con una estrategia integradora que tenga en cuenta no sólo todos los factores implicados, sino también la coordinación de los esfuerzos de todos los organismos públicos que directa o indirectamente tienen injerencia en la materia.
Los entes oficiales con incumbencia en la temática hídrica deben actuar coordinadamente a fin de conseguir el objetivo planteado.
Sin perjuicio de las medidas que en este marco adopte el Departamento General de Irrigación, es necesario complementar el sistema de alerta con otras medidas y con el apoyo desde el Gobierno provincial, poniendo en marcha sistemas de cooperación y coordinación públicos y privados, de manera tal que sea más eficaz la gestión del alerta.
La intervención de los poderes públicos es imprescindible, ya que entre los deberes indelegables del Estado está el de prevenir las situaciones de graves riesgos públicos, como así también la protección y el socorro de personas y bienes en caso que la escasez de agua anunciada se produzca, pasando de un estado de alarma a uno de emergencia.
Que es necesario adoptar medidas concretas, tendientes a generar un uso racional del agua en los ámbitos públicos y privados, a efectos de producir una disminución en la demanda del recurso hídrico. Que otros entes oficiales pueden colaborar con dicha finalidad, como es el caso de los municipios.
La población en su conjunto tiene la posibilidad de generar una reducción en su consumo privado, aportando solidariamente al objetivo común de preservar el recurso más crítico de la zona árida en que habitamos.