Marinelli quiere derogar parcialmente una resolución sobre aguas subterráneas
El superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, planteó el primero de los temas más políticos que encarará a lo largo de la gestión que acaba de iniciar: la modificación del régimen reglamentario vigente en materia de acceso y uso del agua subterránea. Incluso, abrió el juego, e instó a que en lo inmediato se encare el tema con la participación de los usuarios, municipios y organismos del Estado.
Esto es justamente lo que inspiró el pedido que presentó esta semana ante el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación, y que se sintetiza en “derogar parcialmente la Resolución 548” del 2012 de ese mismo órgano interno, y la Resolución 132 que un año más tarde la modificó.
“Es decir, propongo que se deje sin efecto el sistema de convocatorias públicas de solicitudes instaurado, por cuanto existen caudales disponibles principalmente en cuencas que necesitan alcanzar mayor desarrollo socio económico. Y que hoy, con el régimen vigente, de existir interesados en producir en la zona, se encuentran con una prohibición tácita de poder solicitar un permiso de perforar hasta que la Administración, cuyos tiempos suelen ser distintos a los administrativos, decida llamar a convocatoria y luego implemente un largo procedimiento hasta adoptar la resolución de adjudicación”, afirma Marinelli en el escrito.
Y continúa argumentando: “Se estima que, salvo en casos de agotamiento de fuentes o áreas donde existe restricción declarada, prohibir el acceso a solicitar un permiso de perforar es condenar a muchas zonas de la provincia a la improductividad, cuyas consecuencias son, entre otras, la movilidad de personas hacia áreas sobrepobladas y, en general, el deterioro de la calidad de vida”.
Marinelli sostiene que el acceso al agua debe gestionarse según lo previsto en la Ley 4035 del recurso hídrico subterráneo (art.9 ss y cc), que establece que para el beneficio económico y social de Mendoza es necesario la intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y de Economía. La Superintendencia decidirá si otorgar o no el permiso de perforar y el HTA le concederá su uso.
Por otra parte, existen problemas en los usuarios por la cantidad de trámites de renuncias al derecho del uso de agua que se reciben a diario en el organismo. “Se necesita un abordaje interdisplinario de cada situación con la participación de los usuarios, municipios y organismos del Gobierno para su efectiva solución ”, señaló finalmente el superintendente.