Mendoza conforma el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes
Mendoza constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes, organismo que actuará en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar un informe sobre este tipo de prácticas.
En el acto participaron autoridades nacionales que reconocieron que Mendoza cumple con las leyes y en este caso, al conformar el Comité, es una de las 4 provincias, junto a Chaco, Río Negro y Salta que pondrán en marcha al Consejo Federal de Procurador Penitenciario.
Conforman el comité la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael: Patricia Herrera y Guillermo Rubio; por Casa por la Memoria y Biblioteca Popular: Gertel Anahí Godoy y Eugenio París; por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos: María Laura Farfán y Lucas Gómez; por Fundación Derecho y Cultura: Héctor Chávez , Oscar Lecour y Oscar Guidone y como miembros coadyuvantes: Adrina Recchia, Ana Sosino y Fernando Rule.
La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda y el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Fabricio Imparato, integraron la mesa junto al subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González; al coordinador del área de Encierro de la Procuración de Violencia Institucional de la Nación, Roberto Cipriano; el coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, Nicolás Laino y la subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Romina Cucchi.
Los panelistas expusieron sobre la importancia de la conformación de este Comité porque es la “mirada de la sociedad dentro de los penales, las comisarías, hospitales psiquiátricos y de responsabilidad penal juvenil”. Asimismo coincidieron que “la lucha contra la tortura es grave en todos los lugares de encierro de la Argentina y que hay que reconocerlo para combatirlo”.
También se refirieron “al hacinamiento en los complejos de San Felipe y Boulogne Sur Mer que se presenta como acumulación de personas y que calculan que el 70% son detenciones preventivas y que la justicia no actúa con rapidez, al contrario, los jueces no recorren los lugares de detención. Los internos están tirados como animales en catacumbas”.
Hablaron de la violencia institucional que es una “práctica cotidiana, la falta de recursos económicos y la inactividad de los jueces que ni visitan los lugares de detención”. Coincidieron que “falta el compromiso judicial que se hace el distraído y no condena la violencia institucional o de gatillo fácil”.
Romina Ronda por su parte, señaló a Mendoza como una provincia destacada, la primera que juzga a jueces que participaron en la dictadura. También calificó muy positivos los avances del país en justicia e inclusión y analizó los tres puntos fundamentales que se llevaron a cabo en Mendoza: la formación del recurso humano, la Defensoría del Personal Penitenciario y ahora este Comité contra la tortura.
La subsecretaria dijo que “se capacita al personal penitenciario, se realizan cursos de ascensos y se fortalece el Instituto de Formación Penitenciaria con convenios con la Universidad Nacional de Cuyo. La Defensoría del Personal Penitenciario canaliza los reclamos y denuncias de un conjunto de agentes de seguridad que no puede agremiarse y la constitución de este Comité es fundamental ante un crecimiento de la población carcelaria en un 20% en un año”.