“Mendoza se puede convertir en un paradigma de lo que debe ser la atención a la población carcelaria”

Así lo expresó Luis Vargas Silva, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de su visita a los penales mendocinos. Además, se reunió con autoridades del Gobierno provincial, abogados peticionarios y familiares de personas privadas de libertad.

Durante tres días, la Comisión Internacional de Derechos Humanos estuvo en nuestra provincia para analizar la situación actual de las cárceles mendocinas, teniendo en cuenta las medidas cautelares impuestas desde hace años, en los penales de Almafuerte y San Felipe por las condiciones en que se encontraban.

Para conocer la realidad carcelaria de la provincia en profundidad, Vargas Silva estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el director del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Orellana, y abogados peticionarios de organizaciones de derechos humanos. Allí, tuvo la posibilidad no sólo de ingresar e introducirse en distintos módulos y pabellones de los penales sino también entrevistar personalmente a los internos.

Ante la consulta sobre el análisis que podía realizar sobre su visita, Vargas Silva expresó que si bien todo lo recaudado será materia de evaluación por parte de la Comisión, “me llevo una magnífica impresión, primero del trabajo que realizan los abogados peticionarios, ciudadanos ejemplares en mi criterio, y segundo del empeño y trabajo que realiza el Gobierno para construir centros penitenciarios que atiendan la sobrepoblación existente”.

El comisionado destacó además el trabajo que realizan las autoridades de todo el sistema carcelario de la provincia. En relación con esto, Vargas Silva dijo: “Me llamó mucho la atención el trabajo de Eduardo Orellana, tal vez la persona que más me impacta positivamente en el conocimiento que tiene del tema. Yo no había conocido nunca una persona que conociera tanto el sistema penitenciario como él lo conoce”.

En este sentido, destaco también el manejo que tienen los directores de los dos centros penitenciarios y su relación con la población reclusa. “Esto tampoco lo había visto nunca, realmente lo que uno conoce son unos burócratas que siempre lo despachan a uno desde sus oficinas, pero ellos no, son trabajadores de campo que se entienden con la población carcelaria”, sintetizó.

Visita a las obras y entrevista con internos

Parte de la visita incluyó también un recorrido por las obras más importantes que está llevando adelante el Gobierno en materia de infraestructura carcelaria. Por un lado, para acelerar los procesos judiciales, con la construcción del nuevo edificio de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprendidos (Estrada), ubicado frente a San Felipe, dentro de lo que será el nuevo Polo Judicial. Además, el comisionado tuvo la posibilidad de conocer y sobrevolar las obras de lo que será el nuevo Complejo Penitenciario Almafuerte II. Obras que habían sido anunciadas previamente por el Gobierno y que ya cuentan con un importante avance, por lo que se espera pueda ser inaugurada parcialmente en los próximos meses.

En cuanto a las entrevistas realizadas a personas privadas de libertad alojadas en los complejos de San Felipe y Almafuerte, Vargas Silva expuso: “Consignaré las pruebas recaudadas de las situaciones más precarias, las cuales me llevo filmadas, como el tema de la sobrepoblación en celdas muy pequeñas que aparentemente están dispuestas para cuatro camas, y que me parece que no es un sitio adecuado para la cantidad de personas que allí conviven”.

Mendoza como paradigma americano en materia carcelaria

El comisionado explicó que la visita no tenía como único objetivo el tratamiento sobre la medida cautelar. Si bien era importante, se debía atender también un caso que se encontraba en situación de resolución amistosa, con participación desde Washington.

Si bien el levantamiento de la medida cautelar dependerá del cumplimiento de lo que se trabajó y se ordenó en esa medida cautelar, el comisionado aseguró que regresará cuando terminen la construcción a mirar cómo se ha aliviado y mejorado la situación habitacional de las cárceles.

“Yo adelantaría que Mendoza puede convertirse en un paradigma de lo que debe ser la atención a la población carcelaria. Cuando hablo de paradigma, no es solamente para Argentina sino para todos los países de América. Es posible que se pueda convertir en eso, y creo que sobre eso vamos a trabajar de manera mancomunada para que lo podamos convertir en el arquetipo a mostrar”, finalizó el representante de la CIDH.

Es importante destacar que Mendoza está avanzando en una serie de obras, como la recientemente inaugurada Unidad X de San Rafael, con un total de 156 nuevas plazas para personas con ingreso primario. Además, la entrega de la Cárcel Federal del Nuevo Cuyo. Si bien la administración pertenece al Servicio Penitenciario Federal, la reanudación de la construcción estuvo a cargo de la Provincia, y se espera la habilitación de un nuevo espacio para 150 internos que pasarán del sistema provincial al federal.

Por último, el Complejo Penitenciario Almafuerte II, cuya construcción ya se encuentra avanzada y, si las condiciones climáticas lo permiten, se podría habilitar el primer sector para 350 plazas, en los próximos 60 a 90 días. Este mismo métodovse debería ir aplicando aproximadamente cada cuatro meses, a medida que vayan avanzando las obras y las habilitaciones.

La palabra de las autoridades

Una vez finalizadas las reuniones, autoridades del Gobierno provincial detallaron los aspectos más importantes sobre la visita. Eduardo Orellana destacó que “es importante que un organismo internacional valore el trabajo que estamos haciendo en las cárceles de Mendoza, las cuales históricamente han sido objeto de crítica. Esto es un gran aliciente para las personas que trabajamos en el sistema”.

 “Tenemos muy en claro que los que brindamos es un servicio público y queremos brindar a la sociedad mendocina un servicio de calidad. Es algo que nos cuesta mucho levantar porque durante años, las cárceles han sido un depósito de personas, y hoy, entrar en los estándares que nosotros buscamos es un trabajo a la largo plazo. Que se empiecen a ver los primeros resultados es algo muy positivo para toda la institución y nos da fuerza para seguir avanzando en la misma línea”, expresó Orellana.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, dijo que “no suelen darse oportunidades en que una provincia invite a venir al Comisionado y que este enuncie que Mendoza puede ser un modelo para toda la región. Recordemos las innumerables acciones que se han iniciado y que han llevado a cuestionar estos años a la  provincia, y que, pese a ello, haya una voluntad enorme de parte nuestra y de todo el personal penitenciario para que el sistema opere desde un Estado que quiere hacer las cosas con la mayor institucionalidad, legalidad y modernidad”.

“Esto impulsa a la baja de la reincidencia y a una mayor paz social.  En la expresión del Comisionado, están el impulso económico y constructivo desplegado, la nueva ley de trabajo y educación en las cárceles, la capacitación profesional del Instituto de Formación Penitenciaria, y las nuevas leyes procesales penales”, finalizó Venier.

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