Mesa Intersectorial por el Comercio Legal: tres depósitos de chatarra clausurados en nuevo operativo
Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en el departamento de Maipú, donde se decomisó una importante cantidad de cobre de dudosa procedencia. Participaron seis organismos, coordinados por la Dirección de Defensa del Consumidor.
El Gobierno de la provincia, a través de la Mesa Intersectorial por el Comercio legal en Mendoza, llevó a cabo un nuevo operativo conjunto en depósitos de chatarra ubicados en el departamento de Maipú.
Coordinado por autoridades de la Dirección de Defensa del Consumidor, en el operativo participaron inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Edemsa, Policía de Mendoza, Dirección de Fiscalización y Control, Subsecretaría de Trabajo y Ministerio de Trabajo de la Nación.
Pasadas las 10 de la mañana, se puso en marcha el operativo conjunto con la presencia de unas 50 personas vinculadas a los organismos mencionados. El objetivo de este nuevo procedimiento estuvo orientado a tres depósitos ubicados en calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de la comuna maipucina.
El operativo, principalmente, responde a una denuncia realizada por la empresa eléctrica Edemsa, a raíz de los constantes robos de cables y transformadores en varios puntos de la provincia. Autoridades de la firma destacaron que en uno de los depósitos se encontraron, entre otras cosas, bobinas de cobre, aisladores de porcelana, cobre protodur de cables subterráneos, tapas de medidores, conductores de alumbrado público y seccionadores APR, entre otros.
Mónica Lucero, directora de Defensa del Consumidor, resaltó: “Por la gravedad de los incumplimientos detectados, se procedió a la clausura de los establecimientos por el plazo de 30 días, pudiendo estos restablecer el comercio una vez que se ajusten a la normativa –municipal, provincial y nacional– que actúa en favor del comercio legal y para dar más seguridad al consumidor en sus compras”.
La funcionaria agregó: “Colaboramos en el combate de la informalidad en el comercio, para resguardar al consumidor, y también hacemos hincapié en que este se informe y actúe responsablemente, comprando sólo en lugares habilitados, donde se provea de factura o ticket y donde se lo respete y valore como cliente”.
Rodrigo Herrera, director de Relaciones Individuales de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia, sostuvo: “Hemos verificado la situación del establecimiento y de los empleados. Entre los tres operativos, evaluamos la situación laboral de unas 25 personas que se encontraban trabajando. Nuestros inspectores han emplazado a las autoridades de las firmas a que regularicen todas las anomalías detectadas, entre ellas, de carácter edilicio, que deben ser corregidas para que la actividad se desarrolle bajo las normas establecidas”.
Desde la Dirección de Fiscalización y Control inspectores detectaron variadas irregularidades. Es que no contaban con la documentación necesaria que los habilitara a la compra y venta de productos usados. Por otro lado, se paralizaron los tableros de electricidad. De esta forma, y ante la seriedad de las faltas detectadas en la actividad, el propietario pasa a ser pura y exclusivamente responsable de seguir haciendo uso del servicio eléctrico, ya que a partir de esta normativa queda exento de cobertura por parte de la ART.
Desde él área de Seguridad e Higiene añadieron que la totalidad de los empleados que se encontraban en el momento de los operativos, lo hacían bajo condiciones de inseguridad, ya que no contaban con los elementos de trabajo necesarios, como zapatos reglamentarios en buenas condiciones, guantes y vestimenta adecuada para la manipulación de elementos pesados y cortantes.
Tanto desde AFIP como desde la ATM se solicitó toda la documentación referida a facturación de compra y venta de elementos usados. Se detectó que los dos establecimientos ubicados en calle 9 de Julio tenían un único talonario de factura, cuando deberían haber tenido uno en cada uno.
Sobre la mesa de trabajo
La mesa de trabajo por el comercio legal está compuesta por referentes de AFIP, DGI, ATM, Subsecretaría de Trabajo, representantes de los municipios de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. Además, participan la Subsecretaria de Industria y Comercio, autoridades de la Dirección de Defensa al Consumidor, Fiscalización y Control, FEM, UCIM, CEC, Ministerio de Seguridad de Mendoza, Policía Federal, Cámaras de Comercio de Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Guaymallén; CAME, ANMAT, Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional y Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
La mesa de trabajo es coordinada por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC).
