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Se desarrolló la audiencia número cincuenta del Megajuicio


Con los testimonios de Daniel Benito Ponce, Saúl Eduardo Hanono, quienes reconstruyeron los episodios vinculados a sus detenciones ocurridas en 1977, se desarrolló hoy la jornada número 50 del Juicio por crímenes de lessa humanidad que se lleva adelante en nuestra provincia.

A estos testimonios se le sumaron los de Matilde Duec Roffe y Francisco Héctor Marotta, médico jubilado citado para brindar detalles sobre una necropsia realizada por él el 17 enero 1977, cuando integraba en Cuerpo Médico Forense y que se relaciona con la muerte de Osvaldo Sabino Rosales.

Saúl Eduardo Hanono declaró en Tribunales Federales, mientras que Daniel Benito Ponce y Matilde Duec Roffe prestaron declaración desde el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Los testimonios reconstruyeron los hechos ocurridos el día 7 de marzo de 1977. Ese día, Daniel Ponce, y su cuñado, Saúl Hanono, salieron en su moto a repartir volantes por Chacras de Coria. Los volantes respondían a las consignas del Partido Comunista Revolucionario solicitando una reivindicación del salario de los obreros rurales de Luján, la libertad a los detenidos y aparición con vida a los desaparecidos. En plena vía pública fueron detenidos por un oficial que los llevó a la casa de un vecino, y desde allí informó a la comisaría sobre este episodio. Ponce y Hanono fueron trasladado en el baúl de un móvil al D2, donde permanecieron una semana.

En ese centro clandestino de detención ambos fueron sometidos a interrogatorios y golpizas, permaneciendo vendados y atados. En esas condiciones fueron obligados a firmar un acta sin leer el contenido de la misma. Al momento de firmar, ambos pudieron ver a uno de los oficiales que se encontraba en ese lugar y que describieron. “Nosotros inventamos la historia de que nos habían pagado por repartir esos panfletos”, expresó Saúl Hanono en su testimonio.

Los testimonios de Ponce y Hanono confirmaron la presencia de otra persona detenida que también sufrió interrogatorio violentos e identificaron como Roberto Azcarate.

Tras quince días en el D2, fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial donde permanecieron dos días. Según relató Hanono, fueron alojados en un patio común con otros presos políticos, donde también fue interrogado con los ojos vendados y obligado a firmar una nueva acta.

Posteriormente, fueron llevados a la Unidad IX de La Plata, en uno de los violentos traslados masivos realizados en un Hércules. Ambos testigos expresaron sobre la rudeza en la trato hacia los presos políticos, a tal punto que sufrían reclusión como castigo por cantar dentro de la celda. Permanecieron en cautiverio en ese lugar durante un año y medio aproximadamente.

En el relato de Ponce hizo mención al ex juez Gabriel Guzzo, ya fallecido, que había sido su profesor en la materia de “Educación Democrática” en el colegio secundario Martín Zapata. “Sentí mucha vergüenza cuando él me condenó por defender la democracia y las libertades humanas, cuando él nos había enseñado todo eso; me sentí ultrajado”, dijo. Guzzo, los condenó a un año de detención preventiva y lo dejó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Por su parte, Hanono ante una desacertada intervención del abogado Ariel Civil, aclaró que habían aceptado la condena y desistieron de apelar, “porque corríamos el riesgo de seguir detenidos a disposición del PEN, por eso consideramos que apelar en ese momento era una decisión irracional”. Saúl Hanono tenía 19 años al momento de quedar detenido, era un destacado estudiante universitario y desde su adolescencia militaba en el PCR.

Daniel Ponce y Saúl Hanono recuperaron la libertad en julio de 1978.

Con respecto a las acciones realizadas por sus familiares, Ponce expresó que a raíz de una detención anterior sufrida por su cuñada, Ana María Espósito, en la que fue ferozmente torturada, la familia Ponce conocía el tenor de las circunstancias por la que atravesaba el país y cómo actuar al respecto.

De esta manera, Matilde Duec Roffe, madre de Saúl Eduardo Hanono, detalló sobre las acciones realizadas para dar tanto con su hijo y como con Daniel Ponce.

“Al ver que no regresaban presentimos que algo había pasado con ellos y salimos a buscarlos”, expresó Matilde y detalló su peregrinar por distintas comisarías de la provincia y hospitales; llegó al Comando de la 8va Compañía de Montaña e incluso los buscó en el Monte, pero en ningún lugar obtuvo información.

El lugar de residencia de la madre de de Hanono era reiteradamente allanado por lo cual decidió quitar libros y discos que pudieran comprometieran aún más la situación y le confió este material al portero del edificio donde vivía. En ese momento, esta persona de apellido Zapata, hoy fallecido, le comentó que tenía un pariente en la policía y por su intermedio supo que su hijo estaba en el D2. Zapata le advirtió que se cuidara porque podían dejarla allí, a lo que Matilde contestó: “si me dejan, que me dejen con mi hijo”.

A partir de este dato, Matilde se presentó en el lugar con la intención de entregar ropa y comida a su hijo. Su estrategia fue decir que iba por intermedio del Teniente Lucero, custodio que encontraba cada vez que iba al Comando. La testigo expresó que milagrosamente ese teniente había salido por lo cual no pudieron constatar el dato y esperó largamente en la guardia hasta que un oficial le entregó una camisa sucia, rota y ensangrentada. “Recién ahí tuve la certeza que estaban allí”, expresó.

Con respecto a las diferentes gestiones y entrevistas solicitadas para interceder por su hijo, la testigo relató una ocasión en la que se entrevistó con el Monseñor Rey, quien le arrojó el dato de que a Hanono lo habían llevado a La Plata.

Transcurridos cinco meses, Matilde solicitó por cartas una audiencia con el Teniente Coronel Furió, porque “no se sabía nada, nada era oficial”. La testigo describió los detalles de aquella entrevista visceral donde sin tapujos enfrentó al militar expresando que la represión era absolutamente injusta. En esa entrevista, Matilde se encontró con un escritorio plagado de documentación, recortes de diarios y la foto de su hijo en condiciones deplorables. Fue Furió quien le informó que su hijo estaba detenido por distribuir volantes y ella lo interpeló diciendo que le “parecía irrisorio y poco inteligente detener a una persona por lo que dice un volante”. Al retirarse, el ex coronel le dijo: “vamos a ver qué podemos hacer” . Matilde, por su parte, le respondió: “si Ud quiere, puede”.

A los días, la madre de Hanono supo que su hijo y Ponce se encontraban detenidos en La Plata. “Fue muy doloroso verlo en tan malas condiciones; hacíamos cola durante tres horas para verlo solo 20 minutos, pero era suficiente para saber que seguían con vida”, expresó la testigo.

En cuanto a las acciones judiciales realizadas, la declarante expresó que recurrió a todos los abogados conocidos para presentar habeas corpus y reconoció los nombres de Miret y Romano en un episodio donde Hanono fue detenido por pegar afiches cuando era estudiante secundario y por lo cual permaneció un día detenido.

Recién el 7 julio de 1978 por medio de publicaciones en los diarios locales, supo que su hijo y Daniel Ponce habían quedado en libertad, pero debió pagar una fianza de 10.000 pesos de aquella época.“El regreso no fue fácil, a mi hijo le afectó mucho todo lo que vivió, pasó mucho tiempo para recuperarse. Terminó la carrera, rehizo su vida, pero aún ahora las secuelas han marcado su vida”, finalizó.

Sobre el caso Osvaldo Sabino Rosales

Finalmente, Francisco Héctor Marotta, médico jubilado fue citado para declarar sobre una pericia firmada por él en relación a una necroscopia realizada el 17 enero 1977. Por la fecha y los relatos brindados por otros testigos, este hecho puede vincularse con la muerte de Osvaldo Sabino Rosales.

Marotta ingresó como profesional al Cuerpo Médico Forense (CMF) en el año 1960. Se inició como auxiliar de la sala de Necropsia y al titularse ascendió como Jefe de Sección de la Sala de Necropcias y Lesiones y llegó a ser Director del Cuerpo Médico Forense. El lugar de trabajo se encontraba detrás del antiguo hospital Emilio Civit, y la sala de Necropcias se ubicaba cerca de los pabellones de los presos políticos.

El testigo relató el procedimiento que realizaba el CMF al recibir una notificación de la policía solicitando la necropsia de cada cadáver. De esta manera, informó que se realizaba la descripción de cada cuerpo donde se constataban las características externas, lesiones visibles y lesiones internas; se tomaba la temperatura del cadáver y su rigidez para determinar la hora del deceso. Tras esto, se enviaba material al aboratorio para determinar la existencia de sustancias tóxicas, además de tomar fotografías para documentar las descripciones.

Con respecto a la pericia que le fuera solicitada por las autoridades del D2, el procedimiento determinó que la persona identificada como NN, había fallecido por lesiones sufridas por seis proyectiles de armas de fuego. Dos de esos impactos de bala se produjeron en la masa encefálica recibidos en la parte posterior de la cabeza, por lo cual se deduce que los disparos fueron realizados por la espalda.

La necropcia determinó que  el cuerpo llevaba pocas horas fallecido y se trataba de un hombre, de 27 años de edad, de 1,85 metros de altura.

La descripción nominal de la necropcia aparece como NN masculino, solicitado por el Departamento de Información Policial D2, el día 17 de enero de 1977, y fue encontrado en la intersección de Ceballos y Álvarez de Guaymallén, según el dato dado por el Sargento Rafael Montes portador de la nota firmada por Juan Agustín Oyarzabal.

Según Marotta, para la época, la llegada de cadáveres NN hasta el 2004 era bastante frecuente. “No nos llamó la atención que las fuerzas militares nos notificaran para realizar necropcias”, expresó.

La conclusión médico legal, determinó que la muerte fue a causa del estallido recibido en el cráneo por impacto de proyectiles de armas a una distancia mayor a 70 centímetros. Según el informe se consigna que “al resistirse a ser detenido por a la autoridad policial”.

Con respecto a la identificación de los cuerpos, el testigo expresó que esta tarea la realizaba la policía científica, al margen de lo que realizaba el CMF.

El testigo agregó que como procedimiento los cadáveres se entregaban a los familiares y a los NN, el CMF los enterraba en fosa común en el Cementerio de la Capital. En su testimonio expresó desconocer sobre el cuadro 33, ni sobre el personal médico que trabajaba en el D2.

La etapa testimonial continuará el próximo lunes 10 y martes 11 de noviembre, a las 9.30, en el Primer Piso de Tribunales Federales.